Chile se encuentra en la fase final de una reforma regulatoria que podría redefinir el uso de plásticos en contacto con alimentos, marcando un precedente en América Latina, la propuesta, impulsada por Laben Chile, avanza en su tramitación con el objetivo de establecer estándares más estrictos para garantizar la inocuidad química de envases, utensilios y materiales utilizados a lo largo de la cadena alimentaria.
El desarrollo de esta normativa responde a una brecha técnica identificada en el marco regulatorio vigente. Si bien el Reglamento Sanitario de los Alimentos contempla disposiciones generales sobre envases, especialistas coinciden en que resulta insuficiente frente a los avances en ciencia de materiales, toxicología y tecnología de procesamiento. La actualización busca incorporar criterios más precisos sobre migración de sustancias químicas desde los envases hacia los alimentos, un fenómeno que puede afectar tanto la seguridad como la calidad organoléptica.
Diversos estudios recientes han demostrado que ciertos compuestos presentes en plásticos —como monómeros residuales, plastificantes o aditivos— pueden transferirse a los alimentos en condiciones específicas de temperatura, tiempo de almacenamiento o tipo de producto. Este proceso, conocido como migración, es uno de los principales focos de regulación en mercados desarrollados y ahora adquiere mayor relevancia en Chile, donde el consumo de alimentos envasados continúa en aumento.
La propuesta normativa se inspira en marcos regulatorios internacionales, particularmente los adoptados en la Unión Europea y el MERCOSUR, considerados referencias globales en seguridad alimentaria. Entre sus principales disposiciones se incluyen límites específicos de migración, requisitos de trazabilidad, obligaciones de rotulación y responsabilidades claras para fabricantes, importadores y distribuidores de materiales en contacto con alimentos.
Uno de los aspectos más innovadores es la incorporación de criterios para el uso de plásticos reciclados en aplicaciones alimentarias. En línea con la Ley 21.368, que regula los plásticos de un solo uso y promueve la reducción de residuos, la normativa establece condiciones técnicas para garantizar que los materiales reciclados cumplan con estándares de pureza y seguridad equivalentes a los plásticos vírgenes. Este punto resulta clave para avanzar hacia modelos de economía circular sin comprometer la salud pública.
El proceso regulatorio ha incluido una etapa de consulta pública de 60 días, finalizada en octubre de 2025, que permitió la participación de actores de toda la cadena de valor: industria transformadora, sector agroalimentario, academia, organizaciones de consumidores y entidades ambientales. Las observaciones recopiladas están siendo analizadas por un comité técnico multidisciplinario coordinado por el Ministerio de Salud, con la participación de organismos públicos y privados.
La articulación entre estos actores refleja la creciente complejidad del sector, donde convergen exigencias sanitarias, ambientales y comerciales. Chile exporta una proporción significativa de su producción alimentaria, lo que exige cumplir con normativas internacionales cada vez más estrictas en materia de envases y contacto con alimentos. La armonización regulatoria no solo facilita el acceso a mercados externos, sino que también eleva los estándares internos de calidad y seguridad.
En términos de impacto industrial, la implementación de la normativa implicará ajustes en procesos productivos, validación de materiales, certificaciones y sistemas de control de calidad. Empresas del sector de envases ya están invirtiendo en innovación, desarrollando nuevos polímeros, aditivos seguros y tecnologías de reciclaje avanzado que permitan cumplir con los futuros requisitos.
La propuesta será presentada ante instancias técnicas del sector durante abril de 2026, recogiendo observaciones finales antes de su aprobación definitiva. Una vez publicada, se espera que entre en vigor como norma obligatoria, consolidando un marco regulatorio moderno que fortalezca la seguridad alimentaria, promueva la sostenibilidad y posicione a Chile como referente regional en gestión de materiales en contacto con alimentos.
