El precio de una tonelada de amoniaco en México pasó de 10,000 pesos a más de 32,000 pesos en los últimos años, un incremento del 220% que golpeó directamente la rentabilidad de miles de productores agrícolas en Sinaloa, el estado que produce el 30% del maíz, el 25% del trigo y una fracción significativa de las hortalizas de exportación que México coloca en el mercado norteamericano.
En ese contexto, la planta de amoniaco que construye Gas y Petroquímica de Occidente —filial de la empresa suizo-alemana c— en el puerto de Topolobampo, Ahome, no es solo un proyecto petroquímico: es una respuesta estructural a una vulnerabilidad que el campo mexicano arrastra desde hace más de una década.
La Central Campesina Independiente de Sinaloa, encabezada por Francisco Meza, ingeniero químico egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, respaldó públicamente el proyecto tras una reunión informativa con representantes de la empresa y el secretario de Agricultura estatal, Ismael Bello Esquivel. Para Meza, el amoníaco y la urea son insumos tan indispensables para la producción de alimentos como el agua misma, y su argumento tiene respaldo numérico concreto: México importa actualmente entre el 70% y el 80% de los fertilizantes nitrogenados que consume, una dependencia que convierte cualquier tensión geopolítica o disrupción logística internacional en una amenaza directa al ciclo productivo del campo.
La planta Proman-GPO representa la inversión industrial más grande en la historia de Sinaloa. La primera etapa —enfocada en producción de amoniaco— implica una inversión de 1,631 millones de dólares y ya supera el 50% de avance en construcción con 1,700 empleos directos activos, cifra que se proyecta escalar a 3,000 trabajadores para este mes de junio.
Las fases segunda y tercera, que incluirán plantas de metanol y urea, sumarán una inversión superior a los 5,600 millones de dólares, configurando un complejo petroquímico de escala internacional. La capacidad productiva planeada es de 800,000 toneladas anuales de amoniaco —equivalente a 2,200 toneladas diarias— lo que según estimaciones del sector podría reducir hasta en un 70% las importaciones nacionales de fertilizantes amoniacales.
El impacto en la cadena de valor agrícola es directo. El nitrógeno del amoniaco es el macronutriente más determinante del rendimiento de los cultivos: sin fertilización nitrogenada adecuada, el rendimiento del maíz puede caer entre un 40% y un 60% por hectárea, y el trigo entre un 30% y un 50%. Sinaloa siembra anualmente más de 1.5 millones de hectáreas de cultivos que dependen de fertilizantes nitrogenados, y el encarecimiento de esos insumos se traduce directamente en menor producción, mayor precio al consumidor y menor competitividad exportadora. Contar con suministro local no solo reduce el costo: elimina la incertidumbre de disponibilidad que ha obligado a muchos productores a reducir dosis de aplicación en años de escasez.
La controversia ambiental que rodea al proyecto —con organizaciones que denuncian riesgos para la Bahía de Ohuira, los manglares y las comunidades indígenas vecinas— no ha frenado el avance de la obra pero sí marca los límites del debate: la seguridad alimentaria y la soberanía de insumos son argumentos poderosos, pero no sustituyen la necesidad de procesos de consulta genuinos y monitoreo ambiental independiente para un complejo petroquímico de esta escala en un ecosistema costero sensible.
