La agroindustria procesadora de Chile enfrenta uno de sus mayores desafíos comerciales recientes. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso aplicar un gravamen adicional del 12,5% a las importaciones provenientes de 60 economías, entre ellas Chile, en el marco de una investigación activada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
El argumento de Washington es que estos países no habrían implementado con suficiente eficacia mecanismos para impedir el ingreso de bienes fabricados con trabajo forzado en sus cadenas de suministro globales.
La medida aún se encuentra en etapa de consulta pública y no tiene carácter vinculante, lo que desde Cancillería se ha señalado como motivo para no alarmar. Pero el sector privado no espera. Chilealimentos, el principal gremio de la agroindustria procesadora nacional, ya activó una estrategia de respuesta técnica ante lo que considera una imputación que no refleja la operación real del sector.
El trasfondo es más complejo que una simple disputa arancelaria. En abril de 2026, la Fundación Libera presentó comentarios formales ante la USTR en el mismo proceso, documentando la presencia de los once indicadores de trabajo forzado reconocidos por la OIT en la producción agrícola chilena de exportación —particularmente en arándanos, mandarinas y clementinas— y en la industria del salmón. Esa denuncia, desde una organización de la sociedad civil chilena, complica el argumento de que la investigación carece de sustento.
Sin embargo, el gremio exportador sostiene que sus empresas operan bajo estándares internacionales rigurosos, respaldados por certificaciones como SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) y BSCI (Business Social Compliance Initiative), exigidas habitualmente por grandes cadenas de supermercados estadounidenses. Juan Manuel Mira, presidente de Chilealimentos, subrayó que la trazabilidad está garantizada desde los huertos hasta las plantas de procesamiento, y que la observación de EE.UU. apunta a productos importados desde terceros países, no a prácticas laborales internas en Chile.
Los números en juego son significativos. En 2025, la agroindustria chilena exportó a Estados Unidos un total de 561 millones de dólares, cifra equivalente al 16% de sus envíos totales. Los productos más expuestos son los berries congelados —arándanos, frutillas y frambuesas—, además de jugo y pulpa de manzana, todos con alta presencia en góndolas del retail norteamericano.
Lo que eleva aún más la urgencia es el momento en que llega esta amenaza. La agroindustria de alimentos procesados es hoy el único rubro agroexportador chileno con crecimiento positivo en 2026: entre enero y mayo registró envíos por 1.057 millones de dólares, con un alza de 6% respecto al mismo período del año anterior. Un sobrecosto arancelario del 12,5% erosionaría directamente los márgenes de una industria que compite en precio en mercados de commodities procesados.
La desventaja competitiva se agudiza al considerar que Canadá y México —competidores directos en el mercado de berries congelados y jugos— no enfrentarían este gravamen adicional, y además cuentan con el T-MEC, que les garantiza acceso preferencial y menores tiempos logísticos al mercado estadounidense.
El período de comentarios públicos vence en julio. Chilealimentos insiste en que la coordinación público-privada es urgente para presentar evidencia técnica ante la USTR y evitar que una medida de alcance proteccionista afecte una actividad clave para el empleo regional, la generación de divisas y la imagen internacional de la industria alimentaria chilena.
